viernes, 10 de diciembre de 2004

CUATRO MILLONES ANUALES EN MANOS DE POCOS

DENUNCIAN CORRUPCION EN EL AREA DEL TRANSPORTE DE CARGAS


Transportadores Rurales Argentinos denunció penalmente a la Federación Argentina de Empresas de Autotransportadoras de Cargas (FADEAC) y la Comisión Nacional de Transporte (CNT) porque 'permitieron' que se les cobre a los camioneros entre cuarenta y sesenta pesos desde el año 2003 al presente el llamado Registro Unico de Transporte Automotor (RUTA), cuando la legislación especifica que es un trámite gratuito. El negocio que 'queda en manos de tres o cuatro personas' es de cuatro millones de pesos anuales. También informó que la Obra Social del Sindicato de Camioneros que a nivel nacional responde al titular de la CGT, Hugo Moyano, ganó la licitación para hacer el examen psicofísico, por lo que hay solamente ocho bocas en todo el país lo que dificulta el trabajo de los transportadores que deben hacer hasta 300 kilómetros para cumplir con el requisito. '¿Por qué no lo pueden hacer los hospitales de cada pueblo?', se preguntó Carlos Dinunzio, presidente de Transportadores Rurales Argentinos. La denuncia se constituye en una de las primeras que afecta al gobierno kirchnerista. La justicia federal, mientras tanto, no se expidió en relación a la irregularidad en torno al RUTA.

La denuncia penal

El Tribunal Federal número 4 de Rosario recibió la denuncia penal 'por la presunta comisión de los delitos de estafa y malversación especialmente la figura culposa debiendo investigarse quienes resultaran imputados conformes las personas intervinientes en los hechos' el pasado 20 de noviembre de 2003.

'Han participado en los hechos (reiteramos: debiendo investigarse si este accionar constituye delito o no) funcionarios del Estado Nacional, en la persona del Secretario de Transporte de la Nación, ingeniero Ricardo Jaime y el ex funcionario que ocupó el mismo cargo (su antecesor) Guillermo López del Punta, y personas titulares o dependientes de los centros de recepción como la Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe, Asociación de Transporte de Cargas de Rosario, Centro Receptor 211 de Gobernador Crespo', entre otros, sostiene el texto de la presentación judicial.

Luego sigue un resumen del articulado de la ley 24.653 que establece el 'régimen del transporte automotor de cargas', los decretos de reglamentación de la mencionada ley y el 1.035 que habla del Registro Unico del Transporte Automotor (RUTA).

En todo este plexo legislativo y normativo se manifiesta que 'los centros de recepción tienen previsto la facultad de percibir hasta 10 pesos siendo el único costo que podría soportar el transportista y constituye el eje de este planteo'.

Ahora 'si se cobra a un transportista 40 pesos o 50 pesos o hasta cien pesos para recibirle la solicitud, vale preguntarse: ¿cuánto tendría que costar la inscripción alta, certificación de copias, emisión de certificado respectivo, provisión de tarjeta magnética, su utilización o recarga?. ¿Mil pesos?. Es de destacar que trámites ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, como embargos, transferencias de dominio, etcétera, tienen costos menores y luce desproporcionado la percepción de importes como los mencionados en el párrafo anterior al solo efecto de receptoría, sin que correspondan a pasos esenciales del trámite en cuestión'.

Los centros de recepción 'cobran tarifas más altas que las permitidas basados en una interpretación de la normativa que es contraria a la oficial, la cual ha sido manifestada públicamente pero no se hace nada para evitar que los centros apliquen otra distinta'.

Se sostiene que 'no se inhabilitó a nadie y no hay control efectivo quedando librado a la defensa individual del transportista o en manos de las entidades que los representan, aclarando que algunas de ellas son las que trasgreden la normativa en su carácter de centro de recepción (existiendo un notorio conflicto de intereses)'.

Las cifras

La presentación judicial tiene un subtítulo dedicado a la magnitud del problema.

No solamente interesa la cantidad de vehículos a controlar, sino los dominios o legajos afectados en el todo el país.

'En la provincia de Santa Fe, solamente, pueden existir 20 mil dominios relativos a transporte con camiones, en el país pueden llegar a un millón de dominios. Se ha estimado que aun implementándose en forma parcial se lograrían percibir 7 millones de pesos a nivel nacional', dice el texto.

Agregan que 'las sumas trepan fácilmente a millones de pesos, cuya justificación se basa en la simple recepción de una solicitud, para un registro único, obligatorio sin el cual no se puede trabajar. No servirá de nada que se declare 'gratuito' en cuanto a la inscripción, certificado, tarjeta magnética o fuera de fines recaudatorios a la ley, si el talón de Aquiles constituido por la mera recepción de solicitudes es arancelado, caro, dispar, manipulado por entidades privadas del transporte, incierto y por ello no controlado efectivamente por el estado nacional como manda la ley y la constitución', dicen los representantes legales de los Transportadores Rurales Argentinos.

Posibles delitos

'Hemos dicho que se podría tratar de una maniobra de estafa, por cuanto de confirmarse estos hechos quién sabe la opinión oficial que el costo de diez pesos y hace creer al transportista que el costo es mayor y lo cobra, puede considerarse que lo hace por medio de ardid o engaño', remarca el escrito.

Por otra parte 'el funcionario competente en el área y siempre sujeto a que se confirmen estos hechos relatados, puede incurrir en delito de malversación permitiendo que se cobre de más engañando a los transportistas (con o sin su conocimiento) con sus omisiones de controlar y sancionar a quienes cometen tales ilegalidades'.

Se asegura que 'las entidades del transporte de carga referidas se han incluido como centros de recepción (cobran el monto a sus afiliados) y, al mismo tiempo, deben defender contra cobros ilegales a sus afiliados, con lo cual podría haber sucedido que este conflicto de intereses (cobrar más por un lado y defender a quien quiere pagar menos, por el otro). Puede haber pasado que este conflicto de intereses haya motivado que aparentemente se incumplan los deberes de defender los intereses de sus adherentes, lo cual los perjudicaría, en beneficio propio o de las terceras personas (los que propusieron como centros de recepción)'.

Culmina el escrito diciendo que 'las entidades en cuestión han designado o propuesto entidades afines que cobran más de lo debido. Siendo ello así, podría haber (en la cabeza de sus responsables) participación necesaria en la estafa, por un lado, y malversación culposa por no promover ningún mecanismo de sanción a quienes violan la ley y sus reglamentaciones'.

Esa fue la denuncia presentada el 20 de noviembre de 2003.

Un año después

'Hicieron un desastre entre 2003 y 2004. Cobraron más de cincuenta pesos por unidad y eso fue al bolsillo de tres o cuatro personas que se llenaron de dinero', dijo Carlos Dinunzio, presidente de TRA en diálogo con este medio.

Manifestó la responsabilidad del estado nacional en estos manejos irregulares.

'Personalmente le relaté estos hechos al titular de la Comisión Nacional del Transporte, ingeniero Jaime, pero no pasó nada. Se sigue cobrando algo que por ley es gratuito. Acá se mueven más de cuatro millones de pesos por año. Hay una entidad que nombró gestores en una carnicería. Eso pasa en la ciudad de Gálvez, en la provincia de Santa Fe. En Entre Río se cobra esta solicitud en una heladería. Es un total descontrol. Hay complicidad entre estas entidades y el estado nacional', afirmó Dinunzio de manera terminante.

En relación al examen psicofísico, 'luego de la licitación que ganó la obra social del Sindicato de Camioneros, solamente hay ocho centros habilitados en todo el país para extender el documento'.

Esta situación 'es incomprensible porque hay transportistas que tienen que hacer más de 300 kilómetros para sacarse el examen, como si los hospitales de cada localidad no tuvieran la capacidad necesaria para hacerlo. Ahora dicen que van a abrir más centros para la realización del examen, pero por ahora no hay nada', se quejó Dinunzio.

Ambas denuncias están señalando un costado oscuro en la administración estatal del kirchnerismo y se constituye, de hecho, en una de las primeras fundadas preocupaciones en torno la continuidad de ciertas corrupciones.

Por ahora hay silencio de radio, ya sea en el ámbito político como en el judicial.

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