Ultimo Momento
::Amenaza en Brasil: "Si me tocan, se cae la República"
Con tono entre amenazador y prevenido, Roberto Jefferson, el diputado que denunció un esquema de sobornos a legisladores en el Congreso brasileño, declaró ayer: "Si me tocan, se cae la República". La frase tenía dos destinatarios: el gobierno de Lula da Silva y segundo, el Partido de los Trabajadores.
Jefferson, titular del Partido Laborista de Brasil (PTB), dio un extenso reportaje al diario Folha de Sao Paulo, publicado en la edición de ayer, donde reiteró su descripción de una amplia red de corrupción en el Parlamento donde diputados de la coalición oficialista aceptaban "salarios extras" de 12.500 dólares mensuales. En esa entrevista al diario paulista responsabilizó directamente al ministro de la Casa Civil, José Dirceu, por el manejo de los hilos de esa "compra-venta" de parlamentarios. Y señaló con su dedo acusador a tres altísimos dirigentes del Partido de los Trabajadores: el presidente José Genoino, el tesorero Delubio Soares y el secretario de Organización, Silvio Pereira. Hasta precisó fechas en que ese esquema empezó a funcionar: dijo que fue en agosto de 2003. Según Jefferson, la razón de los sobornos era política: "El PT entendía que era más barato alquilar un diputado que discutir y negociar con los partidos aliados".
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::Sain y los "patrones de estancia"
El interventor de la Policía de Seguridad Aeroportuaria dijo que muchos jueces del fuero penal económico se manejaban como "patrones de estancia" en el aeropuerto. Y denunció manejos dudosos: pases libres para entrar a zonas restringidas y uso ilegal de la ex Policía Aeronáutica Nacional.
Hasta la intervención de Saín, la ex jefatura de la PAN había concedido una serie de dudosos beneficios a juzgados, cuyos titulares solían manejarse a sus anchas en Ezeiza. Esos beneficios incluían credenciales de tipo free pass, que les permitían el acceso libre a las áreas restringidas del aeropuerto. Las tarjetas se extendían por decisión de la PAN a pedido de juzgados y también de embajadas, y tenían (y tienen) vigencia durante un año.
Saín se encontró con 16 mil credenciales entregadas en esas condiciones. Los beneficiados podían entrar libremente a la pista, al sector de embalajes y de controles. A criterio de las nuevas autoridades, la distribución se hizo en forma arbitraria e ilegal y, suponen, respondía a un intercambio de favores.
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