lunes, 7 de junio de 2004

Desaparecidos en Cordoba (By Mundomatero)

Ya suman 94 cadáveres en una fosa


El Equipo de Antropología Forense trabaja para determinar sus identidades. Hay evidencias de que fueron muertes violentas. El lugar coincide con algunas denuncias hechas ante la CONADEP.
(por Fabián García. CORRESPONSAL EN CORDOBA.)

Son 94 cadáveres los que se han hallado ya en una fosa común en el cementerio de San Vicente, en Córdoba. Buena parte de ellos se presume que corresponden a detenidos-desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado, que fueron asesinados y luego enterrados allí durante la primera mitad de 1976.
"En algunos niveles encontramos cápsulas de balas", dice Andrés Laguens, uno de los antropólogos que trabaja con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Esa es una evidencia concreta de la existencia de muertes violentas en los casos que se están investigando.
Muchos cadáveres fueron arrojados boca abajo, otros boca arriba, algunos aún están calzados, y en otros se observan chapitas de identificación en las muñecas. Todo estaría indicando que se corresponden con los casos de desaparecidos.
Son entre 10 y 12 especialistas los que están buscando los restos de personas desaparecidas en este cementerio cordobés. El tramo del expediente judicial que se tramita en el Juzgado Federal número 3 de la jueza Cristina Garzón de Lascano y en la que se investigan estos casos, se conoce como "Enterramientos clandestinos en el cementerio San Vicente".
A su vez, forma parte de la denominada causa Menéndez (por el ex jefe del III Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez, el principal acusado por la represión en esta provincia).
Se sabe que aquí hubo enterramientos a partir de testimonios que recogió la CONADEP (Comisión Nacional para investigar la Desaparición de Personas) en 1984. Se trata del único lugar en el que hasta ahora se ha podido verificar su existencia.
En los demás sitios sospechados todavía no hubo resultados positivos. En principio, se cree que la mayoría habrían sido llevados primero a la morgue del hospital San Roque y luego trasladados a San Vicente. La hipótesis es que serían 300 las personas arrojadas en esta fosa común.
Esta investigación es dirigida por Darío Olmo. El EAAF integró el grupo que encontró el cadáver de Ernesto "Che" Guevara en Vallegrande, Bolivia. Aquí, los antropólogos son financiados por la Embajada de Holanda en Argentina, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Agencia Córdoba Ciencia.
"Estos hallazgos son muy importantes, porque se está demostrando que se trata de muertes violentas, que los cuerpos fueron arrojados en las fosas y que se corresponden con la desaparición de personas", indicó Laguens a Clarín.
Los 94 cadáveres —algunos de los cuales son sólo piezas sueltas— fueron ubicados en dos niveles, dentro de la cabecera norte de una fosa que fue identificada —entre otros datos— por el desnivel del terreno. En el primero, a 1,50 metro de profundidad, estaban los primeros 20 cuerpos. En el segundo, a 2,50 metros bajo la superficie, fueron hallados otros 74.
Ahora, el trabajo se trasladó a la cabecera sur, que ya había sido investigada en 1984 por el juez federal Gustavo Becerra Ferrer, en busca de los restos de siete personas que fueron fusiladas en Los Surgentes, una localidad del interior cordobés.
El problema fue la horrorosa torpeza del procedimiento: aquella vez, el trabajo fue realizado con una pala mecánica que destruyó numerosas pruebas y generó un desorden tal que puede llegar a imposibilitar la identificación de las víctimas.
Las actuales tareas de campo comenzaron a principios de febrero y continuarían, al menos, un mes más todavía. Paralelamente, están siendo armados uno a uno los cadáveres encontrados en la fosa. Con el posterior trabajo de laboratorio se debería determinar la identidad de cada uno de ellos y cómo fueron asesinados.
Para ayudar a este proceso se realiza una investigación histórica (trabaja ARHISTA, Asociación para la Reconstrucción Histórica, una ONG especializada en esta labor), se buscan datos familiares, testimonios judiciales, documentos de Registro Civil, médicos y de obra social, que luego sirven para cruzar con los rasgos anatómicos (sexo, estatura, etc.). Si esto no alcanza, se realiza un estudio de ADN.
Una vez identificados se sabrá si se trata de víctimas por las cuales se procesó a alguno de los militares acusados de los delitos de desaparición de personas o si se trata de nuevos casos.
Si son casos conocidos, los acusados están protegidos por las leyes de impunidad, pero los familiares podrán conocer la verdad histórica de lo sucedido. Si son nuevos o anteriores al 24 de marzo de 1976, algunos abogados de derechos humanos señalan que los responsables podrían ser juzgados.

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