(N.R.: Disculpen las demoras en las publicaciones, estoy resolviendo algunos temas con internet, si todo sale bien, mañana seguimos publicando normalmente. Hoy publicamos ésta nota que me pareció relevante)
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UNA INVESTIGACION DE HACE TRES AÑOS
El Congreso de la Nación debatirá un proyecto de ley de derribo de aviones clandestinos, aseguró el Ministro de Defensa, José Pampuro, para desarticular los cientos de vuelos diarios que ingresan y salen del país por contrabando y narcotráfico. La información no es nueva. Hace tres años, un grupo de inteligencia de la Prefectura de Santa Fe logró detectar una treintena de pistas de aterrizaje en los territorios santafesino y entrerriano. Los investigadores fueron castigados porque hicieron muy bien su trabajo. Los trasladaron muy lejos de sus hogares. Aquel trabajo afirmaba la existencia de una red comandada por un general paraguayo con contactos muy fluidos con empresarios santafesinos, entrerrianos y bonaerenses y con protección política y policial. Si se promete justicia para terminar con el contrabando y el narcotráfico, también es hora que haya justicia con los oficiales y suboficiales de la Prefectura que generaron la primera tarea de pesquisa seria, científica y en el marco de la ley que recuerde la historia argentina.
2001, odisea del espacio santafesino
Los aviones llegan todos los días de Paraguay.
Entre dos y tres partidas de cajas de cigarrillos son bajadas en las treinta pistas desperdigadas entre el norte santafesino y gran parte de la geografía entrerriana. Algunas de esas pistas están muy cerca de Paraná, según especificaron las fuentes judiciales consultadas.
Las naves parten desde una región comprendida entre Asunción y Pilar y el jefe máximo de la organización es un general guaraní. Uno de sus socios es el hijo del asesinado vicepresidente paraguayo Luis María Argaña.
Desde Santa Fe capital y Paraná se distribuyen los cigarrillos hasta Mendoza y Buenos Aires, como también hacia otros lugares del mapa argentino.
Un negocio semanal de dos millones de pesos.
Un circuito económico ilegal de dinero fresco que para funcionar necesita de funcionarios políticos de distintas provincias, personal aduanero y distintos integrantes de las fuerzas de seguridad fronterizas. No hay mayores controles sobre el espacio aéreo como tampoco en el interior de las grandes provincias.
Hoy la causa está en la justicia federal de Posadas, Misiones, porque allí se descubrieron algunas pistas que integran la geografía del circuito económico de la organización.
Pero se originó en Santa Fe y luego pasó a Reconquista. Si hay problemas de jurisdicciones o conflicto de competencia es posible que el destino final sea decidido por la Cámara Federal de Resistencia o, en su defecto, de Rosario.
Por aquello que quien decide la jurisdicción es el superior del tribunal que previno.
La causa se originó con el título de 'Prefectura Nacional sobre solicitud de escuchas telefónicas' y ha viajado por gran parte de la geografía en cuestión pero mucho menos que los aviones de una organización que cuenta con fuertes apoyos políticos y económicos.
De hecho, mientras estas líneas se escriben, el contrabando sigue su curso.
Se hace humo.
El negocio del MERCOSUR
Gendarmería Nacional informó que durante 1999 se secuestraron 196.318 cartones de cigarrillos; un año después ya eran 495.553; y en los primeros cinco meses de 2001, sumaban 395.148. Un volumen valuado en casi catorce millones de pesos, según la propia fuerza de seguridad.
Las marcas principales eran B. Hedges; Belmont; Blitz; Boots; Cadyn; Derby; Calbert; Marlboro; Monte Carlo; Camel; entre otras. Los orígenes eran Paraguay, Brasil, Bolivia, Estados Unidos y la propia Argentina.
Hasta fines de setiembre del año pasado, la Aduana había decomisado 132 mil cartones en Posadas; 3 mil en Santa Fe; 1.600 en Rosario; 21 mil en Clorinda; 1.500 en kioskos de Capital Federal y otros 129 mil en varios puntos del país.
Para las principales empresas argentinas productoras de cigarrillos, Massalín y Nobleza Piccardo, 'el contrabando está en niveles muy altos, cercanos al 18 por ciento'.
Un negocio varias veces millonario.
La empresa Nobleza Piccardo, entre 1991 y 1995, emitió una serie de documentos redactados en inglés en los que habla de 'contemplar el contrabando en sus cálculos comerciales de los últimos años' y ponen énfasis en lo que sucede con el movimiento de cigarrillos en la triple frontera de Argentina, Paraguay y Brasil.
En aquellos papeles se leía que 'los volúmenes del primer trimestre embarcados por Souza Cruz (representante de Nobleza en Brasil) a Paraguay (todas las marcas) aumentaron un 77 por ciento en el año 1993. De estas exportaciones libres de impuestos a Paraguay se acuerda entre Souza Cruz y Nobleza que, en su mejor estimación, aproximadamente un 80 por ciento entra el mercado argentino y que un ulterior 80 por ciento canibaliza a Nobleza antes que a la competencia'.
También se decía que el 'contrabando representa un 55 por ciento de los volúmenes del noreste (ramal Posadas) y tiene, según el último informe, una participación del 72 por ciento en la ciudad de Posadas. Un efecto financiero colateral son los pagos de comisiones adicionales que se requieren en el noreste para sostener cualquier sistema efectivo de distribución'.
Y además se informaba que 'el primer trimestre de 1993 registró un aumento significativo en el volumen de importaciones DNP (sigla en inglés que significa impuesto no pago) hacia Argentina'.
Aquellos documentos abrían la posibilidad de que las propias productoras tuvieran alguna relación con el contrabando de cigarrillos.
Una hipótesis que, de hecho, se maneja en los tribunales en donde circula esta megacausa que hoy difunde con exclusividad esta revista.
De acuerdo a las estimaciones oficiales, el negocio del contrabando de cigarrillos mueve 260 millones de dólares anuales en un producto que tiene una carga impositiva del 73 por ciento.
A su vez, el fisco brasileño informó que anualmente pierde unos mil millones de dólares a causa del contrabando de cigarrillos en entra en el territorio desde Ciudad del Este, según las estimaciones de la Secretaría de Ingresos Federales del coloso de América del Sur.
La operación consiste en que miles de cajas de cigarrillos que son exportados hacia el Paraguay desde el Brasil, libre de impuestos, vuelven al país a un costo mucho menor que el original.
Para los organismos oficiales brasileños existen cerca de mil personas quienes se dedican a llevar las cajas de cigarrillos desde Ciudad del Este.
Algunos microtraficantes cubren las cajas de cigarrillos con polietileno grueso para arrojarlos desde el puente a las aguas del Paraná, donde existen nadadores que están esperando el paquete para rescatarlo. Todo ocurre en la margen brasileña del puente internacional
Sin embargo, en los avatares de la causa judicial sobre contrabando de cigarrillos que tiene como eje las ciudades de Santa Fe Capital y Paraná, los métodos de circulación son más sofisticados.
Según Eduardo Casullo, ex titular de la Dirección General de Aduanas, los cigarrillos que entran de contrabando en la Argentina son de origen chino. 'Los encontramos verificando contenedores. Los dos dicen Made in MERCOSUR y son chinos. Así entran sin arancel, como si fueran mercaderías de algunos países del acuerdo regional. Y lo peor es que son productos cuya producción requiere de mano de obra intensiva. Los que traen estas cosas están destruyendo miles de puestos de trabajo argentinos', dijo el ex funcionario durante los tiempos de Machinea.
A pesar de su confianza de haber empezado a 'cerrarles el cerco' a los contrabandistas de cigarrillos, en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, el tráfico mueve más de dos millones de pesos semanales y a través de más de treinta pistas diseminadas entre ambos territorios.
Las pistas santafesinas y entrerrianas
Los empresarios santafesinos y entrerrianos que compran la mercadería la distribuyen a través de camiones térmicos que ingresan a las estancias que funcionan como aeródromos clandestinos.
Cada una de estas propiedades debe tener un mínimo indispensable de seguridad: tener por lo menos siete tranqueras, un monte vecino que oculte el movimiento de aviones y ser de difícil acceso por tierra.
Deben encontrarse por lo menos a diez kilómetros de una ruta pavimentada y disimulada por cultivos, preferentemente, de algodón. Las pistas tienen como mínimo un largo de 600 metros y un ancho de 70 metros. Además no pueden estar más allá de las 600 millas aéreas de distancia de Asunción y de Pilar, distancia que permite la autonomía de los aviones.
Despegan de la región de Neembucu, de localidades como Pilar, San Fernando, Villa Franca, Alberdi, Villa Oliva; todas comunas lindantes con Formosa, Chaco y Corrientes.
En ellos se transportan las cajas que contienen 50 cartones de cigarrillos cada una. Los aviones llevan entre 38 a 45 de estas cajas. Pero si se trata de naves grandes se llega a transportar hasta 60 cajas.
Algunas de ellas también son bajadas en el Chaco, en pistas ubicadas en Charata; o en el límite de Santiago del Estero con Santa Fe.
En este último territorio se verificaron pistas en Reconquista, San Cristóbal y Tostado.
En Corrientes se descubrieron en Bella Vista, Goya, Mercedes, Esquina y Paso de los Libres, entre otras localidades.
En Formosa se hallaron pistas en Clorinda y hasta en la propia ciudad capital.
En Entre Ríos se han encontrado por lo menos veinte pistas en Federal, San Cosme, Cerrito, Alcaraz, San Jaime, Santa Elena y hasta en la propia ciudad capital, Paraná.
En setiembre de 2000, la Prefectura Naval Argentina incautó 70 mil cartones de cigarrillos en un operativo en el que se realizaron ocho allanamientos y se secuestaron, además, ocho automotores y dinero en efectivo.
Aquel operativo contó con la intervención del juez federal de Santa Fe, Eduardo Tejerina. Uno de los lugares allanados fue en la ruta 18, en el kilómetro 14, en cercanías de la localidad de Avellaneda, donde se secuestraron 19.450 cartones de cigarrillos de las marcas Derby, Deluxe, L&M, Premier y Boots. También fueron incautados dos camiones, una furgoneta, una camioneta y nueve bultos que contenían prendas de vestir, teléfonos celulares, 9.820 pesos y documentación.
En tanto en Entre Ríos, en cercanías de Salto Grande, se determinó la existencia de un 'importante depósito de mercadería' y a unos 14 kilómetros de la Ruta Nacional 14, también en la inmediaciones la ciudad nombrada, se encontraron cigarrillos de contrabando, según consta en la propia página de la fuerza de seguridad en Internet.
Pero no hay una solo dato sobre la investigación judicial que ahora está radicada en Posadas y que involucra a importantes e influyentes hombres del ejército paraguayo y otros tantos personajes de la historia regional santafesina y entrerriana.
El secretario del general y el eje Santa Fe - Paraná
El encargado de supervisar la logística y las medidas de seguridad que deben cumplir las estancias para oficiar de pistas clandestinas es el secretario del general.
Un hombre que pasa desapercibido cuando baja en la estación terminal de ómnibus Manuel Belgrano en Santa Fe y que luego toma otros servicios convencionales para luego perderse en una trama comunicacional que excede largamente el gasto de viáticos normales.
El paraguayo realiza las negociaciones con los 'grandes compradores argentinos' y, como queda dicho, es también el responsable de alquilar los campos. Ubica la localización de los mismos en las rutas que siguen los aviadores a través de sus instrumentos técnicos y se percata de las mencionadas normas mínimas de seguridad. Las pistas son 'marcadas con un GPS' con lo que se ajustan las coordenadas antes de que el piloto levante vuelo hacia territorio argentino.
Si la autonomía del vuelo lo permite, el avión regresa con la misma cantidad de combustible que se cargó en el Paraguay, sino es el comprador argentino el que tendrá que pagar el lubricante. Las pistas, generalmente, con marcadas con sábanas o ponen un automóvil en uno de los codos.
La organización investigada está manejando entre 2 mil a tres mil cajas por semana con un valor de 2 millones de dólares.
Los grandes compradores se ubican en Buenos Aires, Chaco, Santa Fe capital y en Rosario.
El dueño del avión cobra por traslado de una caja, 40 pesos si la pista está dentro de las 300 millas y hasta 500 millas, 70 pesos.
También hay camiones térmicos de empresas paraguayas y argentinas, entre ellas 'Nuestra Señora de la Asunción', 'Frissa Araberá' y 'San Antonio'.
Los puchos se venden en la calle o en los kioskos en paquetes que van desde los 80 centavos al peso, una oferta que hace que todos los que participen en el negocio ganen dinero, tal como se demuestra en la investigación judicial.
Gana el dueño del campo donde están las pistas; gana el mayorista; gana el intermediario; gana el mediano acopiador y gana el almacenero o el kioskero.
Una caja de cigarrillos en Paraguay se puede comprar a 150 pesos.
Cruzando la frontera, ya en territorio argentino, sale 200 pesos.
El distribuidor ya maneja un precio de 300 pesos y el minorista la compra a 330 pesos.
Por último el kioskero la termina pagando 500 pesos.
De acuerdo a las fuentes judiciales, 'las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones son el eje del contrabando que cuenta con la corrupción de los distintos funcionarios aduaneros, de las fuerzas provinciales y nacionales como gendarmería, policía federal y prefectura'.
Pero queda establecido que 'el eje del contrabando y su distribución son las provincias de Santa Fe y Entre Ríos'.
Los personajes
En el juzgado federal de Reconquista, cuando allí estuvo detenida la causa, se sorprendieron sobre una serie de llamados hacia el Paraguay pidiendo cargamentos de cigarrillos. Las escuchas identificaron que el origen de las consultas provenían de un canal de cable de la ciudad de Avellaneda vinculado al grupo empresario mendocino Vila - Manzano. Pero poco se pudo hacer al respecto. Entre otras cosas porque la causa fue girada a Posadas y porque nadie involucró directamente a ninguno de estos empresarios. Pero algún día se sabrá por qué esos llamados telefónicos partieron de esa empresa de comunicación del norte provincial.
Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas para esta publicación, sostuvieron que 'distintos empresarios santafesinos y entrerrianos están directamente vinculados con la organización montada por el general paraguayo'.
Algunos de ellos 'dicen tener negocios textiles o dedicarse a la vente de ropa cuando en realidad generan una máscara para dedicarse al contrabando'.
También existe un amplio espectro de funcionarios nacionales y provinciales que permiten el extraordinario negocio que mueve dos millones de pesos solamente, 'alrededor de esta única banda. Imagínese todo aquello que todavía no se ha descubierto', explicó una de las fuentes.
Los negocios entre los paraguayos y argentinos parecen hundir sus raíces en los primeros tiempos de la administración menemista y las gestiones de dos santafesinos que oficiaron como embajadores en tierras guaraníes, Rubén Cardozo, hoy fallecido, y Rául Carignano.
Pero el hombre que si aparece involucrado como uno de los principales organizadores del contrabando es el hijo del vicepresidente paraguayo asesinado, Luis María Argaña, el 23 de marzo de 1999.
Hasta el día de hoy se sigue especulando en el país hermano el motivo del asesinato de Argaña. Una de las hipótesis centra el objetivo en distintas mafias que afloraron entre las décadas de los ochenta y los noventa en los límites entre la Argentina, Brasil y el propio Paraguay y que se habrían sentido molestas con decisiones políticas de Argaña.
Lo curioso, sin embargo, es que su hijo aparezca involucrado en este fenomenal negocio de contrabando de cigarrillos que tiene como eje las ciudades de Paraná y Santa Fe Capital.
El Argaña que figura en las escuchas telefónicas es Félix Carlos Argaña Contreras, ex concejal municipal de Asunción y es el hermano del ministro de Defensa, Nelson Argaña. Tiene 45 años, es arquitecto y en 1998 fue líder de la bancada colorada en el Congreso. También ocupó un cargo en el Ente Binacional de Itaipú.
A estos nombres hay que agregar los desconocidos funcionarios de la gendarmería, prefectura, policías federal y provinciales que miran para otro lado. Como también a los integrantes de las distintas aduanas.
El tamaño del negocio parece ser proporcional a la dimensión del peligro.
De allí que el ex titular de la Dirección Nacional de Aduanas, Eduardo Casullo, sostuviera que 'la corrupción está extendida. Los negocios que se hicieron con la Aduana son enormes, tanto que cortarlos puede resultar peligroso. A mi me dijeron que tenía que tener cuidado con quién me metía porque me podían matar'.
La investigación judicial sigue su ritmo en los tribunales de Posadas mientras que en las provincias de Mesopotamia y del Litoral se producen los vuelos diarios del tabaco de contrabando.
A pesar de que las legislaturas entrerriana y santafesina cuentan con información sobre la existencia de pistas clandestinas no hay decisión política de combatir esta forma de economía que destruye cientos de puestos laborales legales.
Como si todo esto fuera poco, las investigaciones judiciales se emparentan con aquellas de la DEA y del FBI que hicieron de estas provincias zonas de interés para los estadounidenses a propósito de la hidrovía y el Mercosur.
'Acá la hidrovía funciona como un fenomenal circuito ilegal del comercio', indicaron distintas voces judiciales consultadas por este periodista.
Detalles sobre el colador entrerriano santafesino
'El 80 por ciento de la mercadería que se baja en las treinta pistas distribuidas entre Santa Fe y Entre Ríos son cajas de cigarrillos de contrabando. El resto es droga y armas', dijo una de altas fuentes judiciales que revelaron a este cronista la investigación que ahora se sigue en el juzgado federal de Posadas, Misiones.
Semejantes cargamentos vienen en tres vuelos diarios hasta las principales provincias del litoral y su posterior comercialización y distribución solamente puede hacerse a través de la complicidad de funcionarios aduaneros, policiales y políticos.
Las cabeceras de comercialización son las ciudades de Santa Fe capital, Rosario, Paraná, Córdoba capital y Buenos Aires. Allí están los financistas y los socios del general paraguayo, por ahora de identidad reservada, que jamás se acercan a los cigarrillos.
Son los que abastecen a los aviones de los navegadores satelitales, los GPS y los que cambian de teléfono celular cada quince o treinta días.
Estos empresarios son capaces de conseguir 'mercadería a través de cinco contenedores que iban a desembarcar en el puerto rosarino', tal como surgió de unas de las escuchas legales realizadas durante la investigación. Dichos contenedores tenían como procedencia Miami.
'Aunque deja menos dinero que la droga, es mucho más fácil y más seguro el contrabando de los cigarrillos porque a lo sumo una persona puede estar detenido un mes', sostuvo otra de las fuentes judiciales consultadas.
Los compradores piden la mercadería desde una coqueta confitería de Capital Federal, localizada en Libertador y Salguero, 'Sheike'. Y hasta le dicen que van a bajar el pedido en el aeródromo de San Cristóbal, en el norte santafesino.
El combustible utilizado por los aviones del general paraguayo es JP 1 y generalmente procede de Paraná. 'No hay control aéreo ninguno', aseguró el informante.
Eso le viene muy bien a la red que maneja el general guaraní. Su flota, por ahora, se conforma de media docena de aviones, pero se sabe que estaba en ciernes la compra de otra nave. Averiguaron precios en la zona de San Fernando. El costo era de alrededor de 150 mil pesos.
Las relaciones del general llegan no solamente a los consulados sino también a los pasillos judiciales santafesinos y entrerrianos.
Y también manejan un gran poder de persuación: una vez ofrecieron diez mil pesos al contado para que nadie los molestara en medio de un control ocasional. Era pleno centro de la ciudad de Santa Fe. Después se terminó demostrando que el hombre en cuestión sabía de un depósito clandestino en Concordia.
Los paraguayos llegan a las estancias que sirven de máscaras dos días antes de una operación grande y supervisan todos los detalles de seguridad.
Claro que a ellos no los desvela la cercanía de las fuerzas institucionales, ni de Santa Fe ni de Entre Ríos, sino las ocasionales presencias de distraídos no avisados de lo que puede ocurrir en gran parte del territorio de ambas provincias.
Diferentes integrantes de diversas fuerzas se toparon con la red del general y sus socios textiles santafesinos, pero fueron quedando en el camino.
Pero la investigación judicial prosigue en Posadas.
Y el colador aéreo terrestre Santa Fe - Entre Ríos permite nada menos que la evasión de 98 millones de pesos anuales, casi la cuarta parte del contrabando total que se produce un año en todo el país, según informaron el lunes distintas organizaciones, cámaras empresariales y dependencias oficiales a través del diario Clarín. El total de las pérdidas es de 400 millones de pesos y son afectados 50 mil puestos laborales.
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